Rol de los estados y localidades “santuario” aumentará el próximo año

Comenzando el año 2018, California se convierte formalmente en el primer estado del país en implementar una ley cuyo objetivo es limitar solamente a los delincuentes más peligrosos la cooperación de autoridades locales con el gobierno federal para temas migratorios, una medida que confronta la política de Donald Trump y promete extenderse a otros estados y localidades del país para hacer frente a la maquinaria deportadora del actual presidente.

Las llamadas “políticas santuario”, hasta ahora protegidas por los tribunales federales que han fallado al respecto -y contra Trump en su intento por quitarles fondos del gobierno– se convertirán así en una de las formas más poderosas de enfrentar el asalto del presidente contra los inmigrantes indocumentados, que ahora abarca a muchos más indocumentados que no han cometido ningún delito y tienen raíces y familias en este país.

Aparte de California, Connecticut y Oregon tienen medidas “santuario” en todo el estado, 239 localidades tienen prácticas santuario instituidas por agencias de la ley, para limitar su trabajo migratorio y enfocarse en temas criminales, 23 otras tienen resoluciones santuario y 5 tienen órdenes ejecutivas en ese sentido. Unos 12 estados tienen pendientes los dos tipos de legislación, unos pro santuario y otros anti santuario.

Este año que termina, 36 de los 50 estados del país consideraron proyectos de ley a favor o en contra del santuario. Al menos 15 estados quieren implantar un tipo de protección similar al que tiene California, que limita la transferencia de detenidos y respuesta a los llamados “detainers”, que son órdenes de arresto de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) hacia inmigrantes en manos de autoridades locales.

Varios tribunales también han dictaminado que los detainers no son obligatorios, sino opcionales y que detener a una persona en la cárcel cuando ya no tienen un cargo penal, va contra la constitución de Estados Unidos.

Otros estados de la nación buscan impedir que esto ocurra dentro de sus fronteras, y prohibir a condados y ciudades aprobar medidas santuario, como un proyecto de ley pendiente en Florida. Pero cualquier ley local será objeto de demandas y pruebas legales y, además, ya son más de 200 las localidades que se han declarado algún tipo de “santuario”, principalmente limitando la cooperación y el gasto de fondos locales en asistir a ICE.

La profesora Irene Bloemraad, socióloga de la Universidad de Berkeley, dijo a La Opinión que las políticas “santuario” de California, “serán un modelo para el resto del país, como lo fue en su momento la Proposición 187 en los años en que California se inclinaba contra los inmigrantes -los años noventa”.

La ironía del caso, agregó la socióloga, es que las iniciativas estatales también fueron utilizadas hace unos años por estados como Arizona, Alabama, Oklahoma y otros, para implantar medidas más duras contra la inmigración indocumentada, y los tribunales intervinieron para anular casi todas sus cláusulas, con estrechas excepciones.

De acuerdo a la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, en todo el país aún hay cerca de 100 proyectos de ley sobre el tema santuario y estas prometen aumentar el próximo año.

Las amenazas de Trump, nulas hasta ahora

El gobierno de Donald Trump insiste en que las localidades hacen algo ilegal al aprobar medidas “santuario” y que están “violando la ley”.

Hasta ahora las decisiones de varios jueces al respecto niegan este argumento y han fallado en contra del gobierno federal por aplicar castigos a localidades por medidas que son legítimas y no van contra la legalidad y la constitución.

El  22 de mayo de 2017, el procurador Jeff Sessions emitió un memorando que establece que las jurisdicciones del santuario son aquellas que voluntariamente se niegan a cumplir con cláusula de ley 8 U.S.C. 1373 y no son elegible para recibir subsidios federales administrados por el Departamento de Justicia o el Departamento de Seguridad Nacional.

La Sección 1373 prohíbe a las jurisdicciones estatales y locales restringir la comunicación hacia los funcionarios federales con información sobre la ciudadanía o el estado migratorio de personas extranjeras.

El 22 de julio de 2017, el Procurador General publicó una solicitud con nuevas condiciones de subvención para los Programas de Subvención de Asistencia Judicial Memorial Edward Byrne que requieren acceso de inmigración federal a los centros de detención y con 48 horas de anticipación de la liberación de inmigrantes buscados por las autoridades federales.

No obstante, varios tribunales ya han fallado sobre demandas de ciudades y condados del país, y un juez federal en noviembre prohibió que el gobierno de Trump suspenda el pago de esos fondos a las ciudades y condados que considera “santuarios”.

 

Por: Pilar Marrero